Todos los días en periódicos, medios digitales y redes sociales leemos noticias de impactantes operativos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado que culminan en balaceras, corretizas, el aseguramiento de algunos vehículos con bidones de hidrocarburo y con suerte alguna detención o a veces en tragedia con algún deceso policial, militar o civil.
De manera inédita en Puebla el Gobierno del Estado asumió el mando de seguridad en Texmelucan, Amozoc, Ciudad Serdán y hace pocos días sumaron a Tehuacan a la lista, esto con el fin de limpiar la corrupción y terminar con la complicidad de las comandancias municipales con el crimen organizado. Otra medida para esta nueva estrategia de seguridad fue la creación de las denominadas Bases de Operaciones Mixtas (BOM) para las llamadas “zonas rojas” que son esas localidades con problemas de seguridad principalmente derivado del robo de hidrocarburos. Estas medidas suenan a innovación y voluntad gubernamental, pero huelen a desesperación y compinchazgo para frenar las críticas al gobierno del estado y la policía estatal.
La estrategia no peca de innecesaria pues los altos índices de inseguridad y la muy baja percepción de seguridad por habitante en el estado poblano suplicaba medidas inmediatas, pero si lo hace de mal planeada. En pleno 2018 con la nueva Gerencia Pública asentada desde hace varios años, los grandes avances en temas de políticas públicas y la capacidad académica de muchos miembros del actual gobierno es una aberración seguir procurando medidas reaccionarias y dejar tan fuera de la agenda publica la prevención al delito. Una prevención al delito real y estudiada, no solamente las presentaciones de policías en escuelas primarias, se necesita una investigación a fondo sobre la causa real sobre el incremento en la participación de los jóvenes en actividades delictivas.
Datos nos dicen que tan solo el año pasado la CNDH anunció que el 40% de los menores de edad privados de su libertad estaban por delitos relacionados con el huachicol, además el último Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) arrojo que en Puebla había 9 mil 722 asuntos en materia penal abiertos a adolescentes, cifras alarmantes para hablar de jóvenes menores de edad.
La explicación del fenómeno conllevaría a un estudio sociológico (por expertos en la materia) para saber la razón real de por qué el joven prefiere un camino fácil, puesto que aun siendo sabedores de que muchas veces los empleos existentes son mal pagados y muy demandantes seria negligente escudarnos en esta premisa considerando el corto tiempo de vida que tiene un criminal desde que inicia su carrera delictiva, las situaciones de riesgo en que pone a su familia y el peligro latente de ser detenidos por las autoridades.
La capacidad para dar el servicio de educación gratuita es alto (en las zonas con mayor afluencia de crimen organizado) pero muchos jóvenes prefieren no estudiar, algunos porqué tienen que trabajar para llevar el sustento a su familia, pero muchos otros por decidía, por lo que la hipótesis de la falta de calidad en el sistema educativo podría quedar descartada o ser mínima (al menos para esta problemática).
El análisis inmediato y empírico nos diría que tiene que ver el sistema global actual, el capitalismo, las modas, las series televisivas sobre criminales y la necesidad de tener un estilo de vida diferente al actual, pero es importante elevar el análisis a un nivel profesional que conlleve mas factores. Es inaceptable que se haya hecho o al menos se pretenda hacer considerando que tenemos a la sexta universidad mejor calificada (según el Times Higher Education) de México: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) quienes de manera muy confiable podrían encabezar estos estudios.
El crimen organizado en Puebla se ha vuelto un problema social, político, económico e incluso de salud publica que suplica medidas eficientes y eficaces por parte del gobierno estatal entrante, los gobiernos municipales electos y los miembros del Congreso del Estado que sin duda lo tendrán presente como uno de los principales puntos a tratar entrando a sus cargos, habrá que ver con esperanza las medidas que tomen para resolverlo.
Queda poco para que la administración actual termine su mandato, pero se vislumbra (a reserva de la resolución sobre la impugnación del candidato de MORENA) que la gobernadora electa Martha Erika Alonso tendrá un estilo de trabajo muy similar a sus dos antecesores, por lo que posiblemente el tema de la prevención al delito siga quedando en segundo termino para su agenda gubernamental y las medidas para combatir el crimen organizado sigan siendo de manera frontal a través de la fuerza publica.
Pase lo que pase la participación de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada puede representar un gran avance en este tema y ayudar a que se vuelva de interés para la agenda publica, por lo que el exhorto a la población queda latente a través de ti amable lector.
